Respuesta a la nota “La desmanicomialización no es cierre de servicios” de Leandro Dionisio y Darío Gigena Parker, Presidente y Secretario de la Asociación de Psiquiatras de Córdoba. Publicada en La Voz del Interior, 13 de octubre de 2010.

Ante la inminencia de la votación en la Legislatura de Córdoba del Proyecto de Ley de Salud Mental han aparecido algunas voces con argumentos en contra de sus contenidos centrales. Entre los principales opositores se encuentran las Asociaciones de Psiquiatrías.

En La Voz del Interior de hoy se publica una nota que comienza con críticas a la ley de salud mental nacional y provincial.
Como desde la Mesa, siempre hemos estado abiertos al debate nos disponemos a contraargumentar:

-Nuestro proyecto de ley propone la transformación institucional. Esto implica aumento del presupuesto, apertura de nuevos e innovadores dispositivos que permitan una atención integral e inclusión de nuevas disciplinas para la promoción de la salud mental. Ningún artículo de la ley habla de cierre de servicios ni de instituciones. Por otro lado, el proyecto garantiza la fuente laboral de todas las personas que actualmente trabajan en salud mental.

-En todo el texto de la ley se sostiene la necesidad de trabajar en equipos interdisciplinarios, esto no significa la pérdida de la especificidad disciplinaria, sino el construir entre varios respuestas complejas a problemáticas que requieren abordajes globales.

-Al traer el texto al que estamos haciendo referencia, ejemplos de procesos de reforma de la salud mental en distintos países, liga nuestras propuestas a ajustes en el gasto público, a negocios para el sector privado, a abandono de personas, entre otros. Trataremos de responder a cada una de estas objeciones. Nuestro proyecto, como ya lo afirmáramos en el párrafo anterior, lejos de sostener achiques presupuestarios propone un aumento del mismo. Tampoco sostiene una retirada del Estado, muy por el contrario, amplía su ámbito de actuación, le aumenta sus funciones regulatorias, sostiene que es el garante del efectivo cumplimiento de los derechos de las personas y avanza en el control de los servicios privados.

-Para los autores del artículo que estamos comentando, los procesos de externación llevados adelante en otros países sólo han producido abandono de personas, reingresos permanentes de pacientes e internaciones en otras instituciones, tales como geriátricos o instituciones que atienden la pobreza. Frente a esto nuestro proyecto crea una red de dispositivos que actuarán como una red de contención, promoviendo acuerdos intersectoriales, siempre en la dirección de ampliar derechos y nunca en la regresión de los mismos.

-Con respecto a las instituciones de salud mental de Córdoba (aunque no solo de esta provincia como ya lo denunciara el informe del CELS “Vidas arrasadas”), la democracia tiene una deuda. Más alla de los esfuerzos de los y las trabajadores de salud mental persisten prácticas manicomiales y es necesaria una ley que le de un marco normativo a esta transformación.

-Hemos afirmado que las personas con padecimiento subjetivo deben ser atendidas en sus propias comunidades. Esto implica fortalecer el primer nivel de atención que en Córdoba está a cargo de los municipios. La sanción de esta ley obligará a la provincia y a los municipios a coordinar acciones y destinar fondos a la creación de equipos interdisciplinarios destinados a la atención de estas problemáticas.

-La intención de vender los inmuebles de las instituciones de salud mental ha sido manifestada por el actual Ministro públicamente. Los trabajadores/as de salud mental nos hemos organizado para informarnos y resistir estas decisiones. Sin embargo, creemos que son luchas diferentes. Ningún artículo del proyecto habilita estas acciones. Como Mesa nos hemos comprometido a monitorear el cumplimiento de esta ley. Esta será otra de las cuestiones que como ciudadanos/as y trabajadores/as deberemos controlar.

Hemos intentado plantear aquí, nuevamente, las razones de nuestro apoyo crítico a la sanción de la ley. Intentamos no usar términos descalificadores tales como “desatino”, “locura”, que sí se utilizan en la nota de la Asociación de Psiquiatría.
Para lograr la transformación de las prácticas asilares necesitamos una seria reflexión que supere el consignismo y la pura chicana. Para desacreditar el trabajo de la Mesa que expresa tanta capacidad y tanta voluntad colectiva puesta al servicio de la ampliación de derechos va a hacer falta más que un confuso e impreciso escrito.