Reflexiones en torno a algunas críticas

En los últimos días en el foro de la Mesa de Salud Mental y DDHH han aparecido algunas posiciones que parecerían expresar cierto nivel de intolerancia hacia aquellos que tienen opiniones contrarias a las propias.
Es cierto, también, que una de las características de la Mesa de SMYDDHH ha sido ofrecerse como un espacio amplio y plural en donde puedan discutirse y acordarse los lineamientos generales que debería tener una Ley de SM para nuestra provincia. Esta discusión ha sido larga (más de dos años), compleja y contradictoria, pero siempre transparente, abierta y tolerante. Un trabajo que nos ha obligado, no sólo a encontrarnos con quienes piensan como uno, sino también a realizar un enorme esfuerzo con el objetivo de llegar a acuerdos con miembros del partido gobernante (legisladores, funcionarios) a los fines de lograr la mejor ley posible y no perder la oportunidad de avanzar en ello.
Lo que sigue intentará poner en contexto lo que está sucediendo en estos días. Nadie necesita ser defendido por sus dichos (a esta altura ya somos todos grandes y nos podemos defender solos!), pero si creo es necesario contextualizar ciertas apreciaciones que para algunos pueden resultar excesivas o inconvenientes.
Hace dos años iniciamos este difícil camino escuchando a importantes funcionarios del gobierno sosteniendo que no era necesaria una Ley de SM, o que en el mejor de los casos “había que esperar que pasaba a nivel nacional” para luego hacer algo. Hoy tenemos un proyecto votado por unanimidad en la Comisión de Salud de la Legislatura (insisto!! unanimidad en un país donde es muy difícil construir consensos en torno a algo) y listo para ser tratado en el recinto.
Debe reconocerse también que como Mesa creemos que no es la mejor ley. Por ello hemos decidido señalar todas las falencias que en ella encontramos (falta de compromisos presupuestarios explícitos, falta de un fondo específico para municipios, la reproducción de algunos “hegemonismos” profesionales o las limitaciones a la participación ciudadana en el denominado Consejo Consultivo).
Sin embargo, a pesar de esto, también como Mesa, hemos decidido apoyar la sanción de esta ley, ya que creemos es un avance en el marco de un proceso de democratización del campo de la SM iniciado con el retorno a la democracia y mejora la situación de miles de ciudadanos de esta provincia que necesitan de un Estado que les garantice el derecho a la salud y a la salud mental.
Es obvio, y se ha dicho hasta el cansancio, que una ley no cambia la realidad. Pero con sus falencias y ambigüedades creemos que “con” esta ley, todos los que hemos venido participando de este proceso estaremos un poco mejor que “sin” ella. Permitirá seguir profundizando el camino iniciado allá por los 80, disponiendo de nuevos recursos, y, seguramente, iniciar nuevas luchas en otros terrenos. Una ley no cambia la realidad, pero a veces es necesaria para cambiarla y evitar sentirnos presos de un “statu quo” complejo, siempre muy analizado y estudiado, pero al final inmodificable.
Desde la Mesa hemos intentando construir una Ley lo más plural posible, que contenga a tod@s los/as que han venido trabajando desde hace más de dos décadas en la democratización de nuestro campo profesional, por el aumento de la participación social al interior del mismo, por la erradicación de las lógicas manicomiales del interior de nuestras instituciones y por que el estado garantice el derecho a la salud y a la salud mental (“No hay salud sin salud mental” dice la OMS en la actualidad). Hemos invitado a participar insistentemente a todos, inclusive a aquellos que reiteradamente aparentaban mostrar desinterés o falta de compromiso con este proceso.
Queríamos una Ley para el conjunto; en contra de nadie (salvo aquellos que defienden posiciones autoritarias y manicomiales). Pensamos en una ley que, más allá de nuestras procedencias profesionales, ideológicas, institucionales, pusiera por delante el interés público a favor de la ampliación de la idea de ciudadanía en nuestra provincia y profundice el compromiso del estado en la garantía del derecho a la salud y la salud mental.
Una Ley que para lograr esto “no invente nada”, sino que adapte los criterios y recomendaciones de los Tratados Internacionales sobre DDHH, que tienen carácter constitucional, al campo de la SM en nuestra provincia.
Una Ley que no “defina” poblaciones objetivos como sostiene la lógica residual del Estado Neoliberal. No es una Ley para los enfermos, ni para los diagnosticados, ni para los internados, ni para los ambulatorios, ni para los externados, ni para los abandonados, ni para los sanos, ni para los padecientes (subjetivos, mentales o psíquicos como le guste a cada uno), ni para los rehabilitados, ni para los agudos, ni para los crónicos, ni para los discapacitados, ni para los psicóticos, ni para los neuróticos, ni para los bipolares, ni para los funcionarios, ni para los trabajadores, ni para los profesionales, ni para los psiquiatras, ni para los psicólogos, ni para los otros, ni para uno. Es una ley para todos en tanto ciudadanos de esta provincia ya que garantiza de manera universal e igualitaria, por parte del Estado, el derecho al acceso a los servicios de salud mental en todo el territorio de la misma.
No somos ingenuos. Sabemos que una ley de estas características será de muy dificultosa implementación en toda (digo toda) la provincia. Aquí la Mesa ha renovado su compromiso con la decisión de llevar adelante un minucioso proceso de monitoreo social, atento y vigilante de lo que suceda con la reglamentación e implementación de la misma para evitar la implementación parcial o la desvirtuación de la misma. La sanción de la Ley no es el final del camino sino un punto de inflexión en un proceso que fue, es y será fundamentalmente político. El diseño, sanción, reglamentación e implementación de una ley es un proceso que afecta intereses y discute relaciones de poder establecidas. La Mesa intentará mantenerse activa y militante en todo este proceso sosteniendo los valores y principios que le dieron origen en defensa del interés de los ciudadanos de Córdoba.
No creemos que la solución para estas dificultades pase por lograr una redacción de la ley “científica y técnicamente brillante, sin incoherencias discursivas, sin ambigüedades interpretativas” para que pueda ser implementada por técnicos neutrales que se limitan a aplicar lo que dice la ciencia. Las leyes, en general, expresan relaciones de poder, disputas de intereses, conflictos ideológicos presentes en la sociedad, valores culturales contradictorios, y la redacción de las mismas casi siempre expresa esta situación a través de sus ambigüedades, contradicciones o falta de “pulcritud” discursiva o retórica. Pensar en una ley, como garantía de probidad de la misma, como un conjunto de proposiciones herméticas y cerradas desde el punto de vista científico, no sólo nos confronta con el supuesto de la neutralidad de la ciencia, sino también implica caer en un idealismo racionalista extremo.
Ahora bien, porque es necesario en este momento reafirmar todo esto? Porque llegados a un punto próximo de la sanción de la ley empiezan a aparecer las voces de quienes fueron convocados reiteradamente a exponer sus ideas de manera democrática y plural y respondieron con el silencio y el desinterés (No concurrieron ni a los debates de la Mesa ni a la legislatura). Voces que hoy “convocan a movilizarse en contra de la sanción de la ley antes de que sea tarde”. Voces que hacen circular por mail textos sin firma, atribuidos a algún prestigioso profesional “progresista” de la Ciudad de Buenos Aires, en donde se descalifica a la ley utilizando adjetivaciones del tipo: “elite intelectual bienpensante”, “imprecisa y sesgada ideológicamente”, “disparate ideológico”, “incoherente”. Se sostiene, además, que falta en su redacción el aporte de “los verdaderos efectores del trabajo en el terreno” tal vez presuponiendo que los cientos de profesionales y técnicos, así como las decenas de instituciones de salud mental que han adherido a todo este proceso, además de conformar “una elite bienpensante” idealista y sesgada ideológicamente (conocen Uds. a alguien sin sesgo ideológico???!!!) sólo sale a terreno a plantar rabanitos (algunas afirmaciones hay que tomarlas con un poco de humor!!).
Es evidente que el texto que circula, además de agraviante hacia el trabajo colectivo de construcción de un instrumento legal, muestra un enorme desconocimiento de la realidad provincial. Es lamentable que colegas trabajadores de nuestro campo recurran a este tipo de “bajada de línea” ajena a la provincia, que confunde la realidad porteña con lo que sucede en Córdoba, en lugar de participar de un sano debate democrático en los ámbitos correspondientes (si no es del agrado la Mesa pudo ser en la Comisión formada en la legislatura) y en donde todos nos hubieramos enriquecido.
Pero, además, se acusa a quienes venimos defendiendo la sanción de esta ley de “elite bienpensante”, sin embargo, cabría preguntarse, ¿cómo se llama a quienes se arrogan el derecho de vetar o boicotear la sanción de una ley producto de un trabajo colectivo y democrático en nombre de sus intereses sectoriales no contemplados? ¿Cómo se llama a quienes ponen por delante esos intereses en detrimento de los del conjunto? Corporación, tal vez.
La lógica corporativa de apropiación de beneficios y prebendas a partir de la capacidad de daño que sobre el conjunto tiene cada grupo o sector ya le ha hecho demasiado daño a este país.
Intentemos que en la construcción de una Ley de SM prime el interés público por encima de los intereses sectoriales, legítimos, pero sectoriales al fin. La MSMYDDHH ha venido trabajando, no sin dificultades y errores, en esa dirección. Espero que quienes se suman tarde a este proceso lo hagan con este compromiso y espíritu.

Iván Ase